(La propuesta para la candidatura al CNM)
Por: Rosa Mavila León para La Gaceta
SE HACE CAMINO AL ANDAR
La elección del o la representante de los Colegios de Abogados ante el Consejo Nacional de la Magistratura se ubica en un contexto particularmente crítico de dicho organismo como producto de la denuncia pública contra uno de sus integrantes quien expresó a un aspirante a Fiscal Supremo que para llegar a dicho cargo tenía necesariamente que contar con poder político o económico. Esta muestra de corrupción es sólo una prueba más de la necesidad urgente de desarrollar en la comunidad jurídica una profunda renovación ética que cuestione todas las manifestaciones de la cultura de la viveza que dañan la aspiración genuina al cambio de la justicia en nuestro país en el camino de hacer que nuestra profesión obtenga legitimidad social.
En viajes que me encuentro desarrollando a diversos departamentos del país he tenido la oportunidad de escuchar cuantiosas denuncias de magistrados a quienes supuestamente se les exigía por algunos consejeros corruptos el pago de cantidades de dinero para promoverlos a mejores niveles de investidura o para proporcionarles los exámenes que deberían rendir en la primera etapa de selección para ser nombrados jueces o fiscales.
He conocido modalidades de interrogatorio capciosas orientadas claramente a sacar al aspirante del medio probablemente para favorecer a otro que pretende llegar al mismo cargo que en algunos casos dañaron incluso la dignidad de los magistrados. Conductas que daban por ciertos informes anónimos o procedentes de fuentes policiales, en muchos casos sin ningún fundamento ni medio probatorio elemental. Una muestra casi anecdótica fue una pregunta hecha al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa interrogándole si no le avergonzaba su conducta al tener en un hospicio de personas menesterosas a su madre. Al magistrado no le quedó sino expresar a su interrogador que su progenitora había fallecido cuando él contaba solamente tres años de edad.
El ejemplo es válido para reflexionar sobre una manera inquisitorial y autoritaria de entender el rol de los integrantes del CNM que puede combinarse con actos de corrupción en diversas modalidades principalmente tráfico de influencias, venta de exámenes, cobro de dólares, prácticas que cuestionan el rol genuinamente democrático y legítimo de dicha institución de nombrar, promover o destituir a los magistrados, tarea que debe ser desarrollada con transparencia, profesionalismo, equidad e imparcialidad para no afectar el derecho de magistrados probos y capaces que incluso ya dudan en participar en la promoción porque asumen que ello significa transigir con modalidades arraigadas de corrupción.
Creo que los integrantes del CNM deben estar presididos en su actuación por las reglas de la meritocracia y del debido proceso, que deben evitar a toda costa cualquier modalidad de tráfico de influencias y por supuesto tener la capacidad de enfrentar y no ratificar así como sancionar a los magistrados que delinquen afectando la función de la administración de justicia.
Un aspecto nodal del perfil que deben asumir los Consejeros es su autonomía respecto del poder político porque ello significará que se evitará la politización monocorde de la magistratura. Otro aspecto es su profesionalismo que hará capaz al consejero de evaluar directamente a jueces y fiscales sin caer en la tercerización de la evaluación que puede generar circunstancias de conflictos de interés entre el evaluado que desconoce quien lo evaluará y el evaluador.
Asumo que los integrantes del CNM deben cumplir plenamente la función de fundamentar los criterios que subyacen a las resoluciones de no ratificación para respetar el debido proceso y el derecho de defensa. Y en el caso de los representantes de los abogados creo que deben rendir cuentas a sus electores de carácter periódico en las que informen que están haciendo en dicho organismo, que propuestas de cambio y moralización están enarbolando pasando de la apatía o de la mera denuncia a un compromiso serio por el reforzamiento institucional de un órgano que en algunos periodos de gestión cumplió su función a cabalidad y cuya función es vital para una recta administración de justicia.
